El nuevo Gobierno socialista, gracias a cuatro ministros presentables entre 17, lidera de momento las encuestas. Pero el populismo, la ineptitud y el sectarismo de la mayoría, el hachazo fiscal que prepara la ministra de Hacienda, que elevó impuestos en Andalucía al máximo del país, y el entreguismo inaudito a los enemigos de España, con un Estatuto vasco que permite el expolio más la independencia, el abandono a su suerte de tres millones de catalanes y la entrega de dinero sin control a los sediciosos para destruir la nación, les hundirá de nuevo. Empecemos por la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuya filosofía durante su desastrosa gestión en Valencia fue que la Sanidad pública sea un nicho de empleo de los sindicatos. El 46% de los empleados en la misma son enchufados sindicalistas o políticos, al igual que los gestores de los hospitales.
El Gobierno tripartito de esa comunidad encargó a la Sindicatura de Cuentas una auditoría de los conciertos con la sanidad privada, con la finalidad de eliminarlos. Sus conclusiones fueron justo lo contrario a lo que buscaban, ya que la auditoría demostró que dichos conciertos reducían el costo en un 25%, las listas de espera de 120 días a 40, de 50 indicadores de calidad, 48 eran superiores en los hospitales concertados, y la inversión por habitante era el doble que la de los hospitales públicos. Los concertados invierten en material de diagnóstico de primer nivel y los públicos, en salarios de los enchufados de UGT y CCOO —'Con la salud no se juega' es su eslogan favorito, es decir, 'con nuestros enchufados no se juega'—.
La ahora Sra. ministra de Sanidad de España prohibió la publicación y difusión del informe, y fue liquidando todos los conciertos con el sector privado. Solo en dos años de su gestión los costes de la sanidad pública se incrementaron en 1.500 millones de euros, pero para la Sra. Montón esto del déficit y el gasto no va con ella. Y no solo disparó el gasto, sino que redujo la calidad e incrementó las listas de espera, y eso no es gasto, eso son vidas. Su objetivo ahora es que “la universalidad de la sanidad es irrenunciable”, es decir, el gratis total a los ilegales, lo que unido a que el irresponsable de Marlaska, que piensa reducir las barreras de entrada, multiplica exponencialmente el efecto llamada, propalado a los cuatro vientos por la cadena Al Jazzera y otras que señalan España como el país coladero de inmigrantes.
A esta locura suicida se une el nuevo impulso al turismo sanitario. Miles de inmigrantes traen a sus familiares a España para tratamientos costosísimos, desde trasplantes de cadera y de hígado a diálisis y otros, pasando en muchos casos por delante de los españoles, o envían millones en medicinas a sus parientes, un disparate que no sucede en ningún país del planeta. La 'universalidad' y el turismo sanitario costarán más de 3.000 millones (no los 1.100 estimados) anuales, robados literalmente a la clase media y a la clase trabajadora. El descontrol del gasto en Sanidad desde que fue transferida a las CCAA es total y absoluto, un escándalo nacional, que nos cuesta casi el doble de lo que debería.
Pasemos ahora a Teresa Ribera, ministra no de 'Energía' sino para la 'Transición Ecológica', una memez no ya marxista-ecologista sino lo siguiente, pero no es una broma, empobrecerá gravemente a las familias y dañará la competitividad de la nación, llevando el precio de la energía al nivel más alto del mundo desarrollado. Esta irresponsable pretende cerrar el carbón y las nucleares, ya lo hicieron en los ochenta desmantelando cuatro centrales nucleares gigantes, lo que ha encarecido en forma permanente el recibo de la luz en 2.700 millones de euros año. Pero los españoles tenemos mala memoria y peor información.
Si ahora el nuevo Gobierno socialista cierra, como pretende, las centrales de carbón y las nucleares, ese disparate nos costaría a los españoles 8.700 millones de euros anuales. Adicionalmente, plantean la subida de impuestos a la producción eléctrica en 800 millones, por las emisiones de CO2 y 'daños medioambientales', en total 9.500 millones de euros equivalente a un 50% de subida en el recibo de la luz, que ya hoy es el segundo más caro de Europa. Pero esto no es todo, Sánchez quiere añadir además los impuestos 'ecológicos' a las gasolinas, a los gasóleos, al gas y a la electricidad, “porque no afecta a los trabajadores”. Solo en carburantes supondrán un incremento de impuestos de 3.900 millones de euros.
A todos estos hachazos fiscales, que empobrecerán a millones, se unen subidas programadas de 6.500 millones de euros a los 'ricos', es decir, a los trabajadores especializados y la clase media, 3.000 millones de impuestos a los bancos, que trasladarán de inmediato a los clientes, y una subida histórica de 12 puntos de la imposición al ahorro de las familias. España se situará así a la cabeza de la OCDE en presión fiscal sobre la clase media. Esto, unido a la finalización en diciembre de la compra de deuda por el BCE, casi el único comprador actual de la deuda española, y al inicio de subida de tipo en 2019, creará unas condiciones económicas y financieras insostenibles para obtener en los mercados los 230.000 millones de euros que necesitamos anualmente para no suspender pagos.
Para acabar de arreglarlo, en el primer trimestre de 2018 se ha batido el récord de endeudamiento, con 16.300 millones de euros, el 5,6% del PIB, cifra que no coincide con la de déficit, en torno al 3%, lo que significa que están camuflando gasto corriente como de capital que no computa como déficit, y los próximos trimestres serán peor, por el agravamiento de la desaceleración ya iniciada. Y las pensiones no solo están quebradas, como acaba de afirmar el Tribunal de Cuentas, es que son infinanciables: 3.000 millones más de déficit por una inflación mayor de lo esperado, 9.000 para pagar la extraordinaria en unos días, y lo mismo en diciembre, más un agujero mensual de 1.000 millones de euros (10.500 millones de gasto y 9.500 millones de ingresos por cotizaciones sociales) que tiene que ser cubierto por el Estado. Nos van a aplastar a impuestos, mientras dedican ríos de dineros a los golpistas catalanes, al PNV y a los 'sin papeles'.
Y luego los bancos, cargados de deuda pública hasta las orejas, y no solo de España sino también de Italia, los segundos tenedores de deuda italiana después de Francia y equivalente al 5% del PIB. Y con más de un 20% del PIB de deuda española, su supervivencia depende de que el Estado se la devuelva, pero con un ratio de deuda total/PIB del 137% (no el camelo del 98% de la deuda PDE, con que Gobierno y medios engañan a los ciudadanos), eso es algo metafísicamente imposible. Tanto bancos como aseguradoras están solos ante el peligro de la deuda de las AAPP, y a partir de diciembre, sin San BCE que venga a ayudarlos. Parece que nunca pasa nada y que los problemás se solucionan solos, nada más falso, pasará, no lo duden, y cuando pase será a velocidad de vértigo.
Pero si en lo económico vamos directos a un largo y oscuro valle de sombras, en lo político el tema es infinitamente más grave, porque es la unidad de la nación más antigua de Europa y la tercera del mundo la que Sánchez está a punto de destruir. Como le dijo Patxi López —algo que le ha costado ser ministro—: “Pero, Pedro, ¿tu sabes lo que es una nación?”. En su ignorancia oceánica, Sánchez habla de un Estado federal sin saber que los estados federales se han dado voluntariamente esa forma para integrar partes que estaban separadas, lo que no es el caso de España. Menos sabe aún que en los estados federales el gasto no centralizado es de un tercio del gasto total, mientras que en España es ya de dos tercios.
Pero, sobre todo, tiene que pagar el peaje a los enemigos de España que le han nombrado y le mantienen como presidente. En el minuto uno quitó el control de gasto para que los golpistas de la Generalitat puedan financiar cómodamente toda su maquinaria propagandística de odio, la persecución y discriminación implacables a los no nacionalistas, la reapertura de 'embajadas', y la preparación de un nuevo golpe de Estado. Van a acercar a los golpistas presos, y amnistiarlos después, como en febrero del 36. Esto ha producido una euforia tal entre los independentistas que el 'conseller' de Exteriores de la Generalitat ofrece ya la nacionalidad catalana a Baleares, Aragón y Valencia. Pero lo más grave sería la aprobación del Estatuto vasco: la destrucción inmediata de España como nación.
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